Yucatán podrá acceder a hasta 5 millones 737 mil 483 pesos de recursos federales para fortalecer las acciones de prevención, atención y control de problemas de salud mental y adicciones, aunque la entrega estará condicionada al cumplimiento de metas y a la correcta comprobación del gasto.
El convenio firmado entre la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y el Gobierno estatal, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece mecanismos de vigilancia para garantizar que el dinero sea utilizado exclusivamente para los objetivos establecidos.
La transferencia de los recursos se realizará de manera condicionada, ya que una segunda entrega dependerá de que Yucatán compruebe previamente el ejercicio adecuado de los fondos correspondientes a la primera ministración.
Además, el estado deberá presentar mensualmente ante la Conasama informes sobre las actividades realizadas, el destino de los recursos, los resultados obtenidos y el avance físico-financiero del programa, acompañados por la documentación que compruebe cada gasto.
La dependencia federal podrá realizar visitas de verificación para supervisar la ejecución de las acciones. En caso de detectar recursos sin comprobar, sin ejercer o destinados a objetivos diferentes a los establecidos, tendrá la facultad de suspender o cancelar las transferencias y solicitar la devolución del dinero.
Las posibles irregularidades también deberán ser notificadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y, cuando corresponda, al Ministerio Público Federal.
El financiamiento forma parte del programa federal E032, operado por la Conasama, que contempla estrategias para prevenir, detectar y atender el consumo de sustancias, así como diversas condiciones relacionadas con la salud mental.
Los fondos que permanezcan sin utilizar o no sean transferidos oportunamente a los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) podrán ser considerados recursos ociosos y deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros generados.
La Secretaría de Administración y Finanzas será inicialmente responsable de administrar el recurso y posteriormente deberá transferirlo a los SSY, que fungirán como unidad ejecutora. También será obligatorio mantener cuentas bancarias específicas y transparentar públicamente los objetivos, metas, avances y resultados presupuestarios del programa.
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