El Gobierno de México presentó los ejes del Paquete Económico 2027, una propuesta que busca fortalecer la recaudación, mantener los programas sociales, ampliar la inversión pública y reducir gradualmente el déficit.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue clara: “No hay nuevos impuestos”. Explicó que tampoco aumentarán las tasas existentes y que las modificaciones enviadas al Congreso están dirigidas a combatir la evasión, las facturas falsas y las operaciones utilizadas para pagar menos de lo que corresponde.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que para 2027 se estiman ingresos tributarios y no tributarios por 6 billones 995 mil millones de pesos. De esta cantidad, alrededor de 1.1 billones se destinarán a los Programas para el Bienestar.
El presupuesto plantea incrementos de 10.7% en educación, 13% en ciencia, 11.3% en salud, 11.5% en seguridad y 20.6% para el campo. También se garantiza que los apoyos sociales y los salarios de las personas trabajadoras del Estado aumenten por encima de la inflación.
Uno de los puntos centrales es el combate al huachicol fiscal. Hacienda propone vigilar el pago del IEPS de gasolinas y diésel durante toda la cadena de suministro.
Actualmente, el seguimiento se concentra en el combustible importado por empresas privadas o Pemex. Con el nuevo mecanismo se verificarán también los volúmenes que pasan por distribuidores y comercializadores, hasta llegar a centros de autoconsumo y estaciones de servicio.
El objetivo es comparar lo adquirido, transportado y vendido para detectar diferencias injustificadas, cargamentos ingresados con documentación irregular y maniobras destinadas a evadir contribuciones.
Al abordar el combate a las factureras, el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, señaló que algunas compañías utilizan comprobantes presuntamente falsos para aumentar gastos, simular operaciones o reducir el pago del Impuesto sobre la Renta.
El SAT identificó que 129 mil empresas declararon pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil llevan al menos cinco años consecutivos en esa situación. La revisión se concentrará en los casos donde los ingresos crecen, pero las declaraciones continúan reportando números negativos sin una explicación económica real.
La propuesta incorpora controles sobre deducciones y pérdidas fiscales, además de mantener el Programa de Regularización para quienes busquen ponerse al corriente.
En materia de inversión, el director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, explicó que el Plan de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar contempla 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030.
Para 2027 se consideran 560 mil 173 millones de pesos destinados a proyectos prioritarios. Los mayores montos corresponden a Pemex, CFE, nuevos trenes, carreteras y obras hidráulicas.
Entre los proyectos ferroviarios se encuentran los tramos AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo y el Tren Maya de carga. También se prevén trabajos en puertos, generación eléctrica, salud, agua y vivienda.
La administración federal proyecta un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% para 2027. En cuanto al déficit, la ruta presentada señala una reducción de 5.8% del PIB en 2024 a 4.3% en 2025 y 3.9% para el próximo año.
La explicación ofrecida en Palacio Nacional se dio después de que la Secretaría de Hacienda entregara el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión, donde comenzará su análisis y discusión.
Además, la Cámara de Diputados recibió los reportes sobre los financiamientos y obligaciones de las entidades federativas, municipios y demás entes públicos, con corte al 30 de junio de 2026. La información incluye los compromisos inscritos en el Registro Público Único y fue turnada a la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera.
El planteamiento combina bienestar, inversión y orden en las finanzas públicas. Su punto más firme es que la recaudación no descansará en nuevas cargas para la población, sino en cerrar el paso a las factureras, vigilar el mercado de combustibles y exigir que cada contribuyente pague lo que establece la ley.
Por: Graciela Bravata
