Hay decisiones que una ciudad puede revertir. Puede cambiar una administración, replantear una política, rediseñar una calle. El tiempo urbano, aunque lento, tiene esa capacidad: corregir, ajustar, intentar de nuevo.
Hay otras decisiones que no.
Cuando un espacio público de alto valor estratégico cambia de manos —cuando pasa del patrimonio colectivo al patrimonio privado— la ciudad no solo pierde un terreno o un edificio. Pierde la posibilidad de decidir qué hacer con él en el futuro. Y esa pérdida no tiene fecha de vencimiento.
Eso es lo que conviene entender antes de opinar sobre cualquier proceso de enajenación de bienes públicos. No si el precio fue justo, no si el comprador tiene buenas intenciones, no si el proyecto que vendrá será moderno y atractivo. La pregunta más importante es anterior a todas esas: ¿qué se pierde cuando lo que era de todos deja de serlo?
Villahermosa está respondiendo esa pregunta en este momento, aunque no necesariamente de manera deliberada.
El Centro de Convenciones Tabasco 2000 y el Gimnasio del Parque La Choca son espacios que los habitantes de esta ciudad conocen. No como abstracciones urbanas sino como lugares concretos: donde se celebraron eventos, donde se practicó deporte, donde ocurrió algo de la vida colectiva de generaciones. Están ubicados en una de las zonas de mayor valor de la ciudad, lo cual no es un dato menor: significa que su potencial de uso público futuro es también de los más altos disponibles.
Su venta forma parte de un proceso más amplio que incluye otros predios. El argumento oficial es coherente en su lógica: los recursos obtenidos financiarán infraestructura pública y proyectos de desarrollo urbano vinculados al proyecto Villahermosa 2030.
Es un argumento que merece ser tomado en serio. Y precisamente por eso merece ser examinado con seriedad.
Esta columna ha hablado en varias ocasiones de la diferencia entre un plan y un render. Entre una promesa bien comunicada y una decisión con consecuencias verificables. Un plan se mide en su capacidad de anticipar consecuencias. No en la calidad de su presentación.
Villahermosa 2030 es, por ahora, una promesa. Lo que ya es un hecho son las enajenaciones. Y entre ambos —la promesa futura y la pérdida presente— hay una asimetría que el ciudadano tiene derecho a examinar.
¿Qué garantiza que los recursos obtenidos lleguen efectivamente a la infraestructura prometida? ¿Qué mecanismo de verificación existe para que el destino final de esos recursos sea rastreable? ¿Qué ocurre si el proyecto 2030 se modifica, se retrasa o simplemente no se ejecuta como fue presentado? ¿Pueden recuperarse los espacios vendidos si las condiciones cambian?
Esas preguntas no son obstruccionistas. Son las preguntas básicas que cualquier acuerdo serio debería poder responder antes de ejecutarse, no después.
Hay algo más que este proceso revela, y que va más allá de esta administración o de este momento específico.
Las reservas territoriales del Estado no son activos financieros en el sentido convencional. Son patrimonio estratégico: tierra con capacidad de uso público futuro en una ciudad que crece, que cambia y que necesitará espacios que hoy no puede anticipar con precisión. Venderlas para resolver necesidades del presente es una decisión legítima en ciertos contextos. Pero es irreversible. Y las decisiones irreversibles sobre patrimonio colectivo tienen un umbral de legitimidad que va más allá de la mayoría legislativa.
Ese umbral se llama transparencia. Se llama información accesible. Se llama, en su forma más directa, participación ciudadana real: no la consulta que valida lo ya decidido, sino el proceso que genuinamente abre la decisión antes de que sea demasiado tarde para cambiarla.
El artículo anterior de esta columna hablaba del referéndum como herramienta disponible. Este es exactamente el tipo de decisión para la que esa herramienta existe.
No se trata de detener el desarrollo ni de defender el statu quo por inercia. Se trata de algo más simple y más exigente: que las decisiones que transforman de manera irreversible el patrimonio de una ciudad se tomen con la participación informada de quienes van a vivir con sus consecuencias.
Porque cuando eso no ocurre, no es únicamente un procedimiento lo que se debilita.
Es la noción misma de acuerdo colectivo la que empieza a erosionarse.
Y ciertas decisiones urbanas pueden replantearse. Otras simplemente modifican de manera permanente el margen de decisión futura de la ciudad.
COLUMNA POR: RUDY LARA
